Medidas alternativas, la venganza legitima y la rehabilitación penal

Las medidas alternativas constituyen una forma mediante la cual se puede abordar la rehabilitación penal con mayores probabilidades de éxito que las que podemos encontrar en el sistema penitenciario de nuestro país, las cárceles en hacinamiento en la teoría no son capaces de rehabilitar a una persona, y las de nuestro país llevan más de una década en esa situación, sin que a los legisladores les preocupara, hoy, la cantidad de reincidentes es perturbadora, y se abordó la problemática con la construcción de nueva infraestructura, cuando los efectos de la mala gestión penitenciaria, se empezaron a notar cual epidemia en sus efectos sobre la población civil.

Sin embargo medidas como la Justicia Restaurativa, que fue una iniciativa de la Sala III de la Corte, han tenido efectos positivos y la inclusión de la población civil en estas iniciativas han procurado eliminar gradualmente la visualización de la pena como un mecanismo de venganza legítima, con respecto a esto, Londoño & Villareal (2017) exponen:

En 2011 empezó a funcionar el Programa de Justicia Restaurativa, como una iniciativa impulsada por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia para la aplicación unificada de este modelo en el país, en todas las etapas del proceso penal y con mecanismos de seguimiento. Una de las características del Programa ha sido el énfasis en la coordinación entre instituciones de los tres poderes de la República, así como con organizaciones privadas y de la sociedad civil. En 2015, solo en materia penal juvenil se contó con una red de apoyo a nivel nacional conformada por 753 entidades. El Programa también ha tenido un impacto en el diseño institucional del sistema penal, mediante la aprobación de diversos protocolos para la aplicación de la justicia restaurativa en casos de violencia de género o delitos flagrantes, y la aprobación, en agosto de 2015, de la “Política pública de justicia juvenil restaurativa”, por parte del Consejo Social de la Presidencia de la República. Actualmente el modelo se puede aplicar en casos de delitos sexuales cometidos contra personas mayores de edad, agresión con arma y lesiones leves entre personas unidas por relaciones de parentesco, desobediencia a la autoridad, maltrato, ofensas a la dignidad, restricción a la libertad, limitación al ejercicio del derecho de propiedad, daño y/o sustracción patrimonial, fraude de bienes, incumplimiento de una medida de protección, y violencia física y psicológica. En 2015 el Programa atendió 305 víctimas; 761 personas ofensoras recibieron 11.369 horas de terapia por parte del Instituto de Alcoholismo y Fármaco dependencia (IAFA) y otras organizaciones. Además, brindaron 55.182 horas de servicio a la comunidad. También se dio seguimiento a 715 casos previamente atendidos y, en materia penal, se efectuaron 719 reuniones restaurativas con un plazo de resolución de alrededor de treinta días (Poder Judicial, 2016).

Una red de 753 entidades es algo que difícilmente se podría haber considerado años atrás, sin embargo es necesario fortalecer estas iniciativas y fomentar la concientización de la ciudadanía de modo que apoyen la labor de las autoridades, y se logre la consecución de un objetivo bastante golpeado y atacado, la reforma y reinserción social de los penados.

Bibliografía:

Londoño, M., & Villareal, E. (2017). Segundo Informe del Estado de la Justicia - Capitulo 7: Causas de la Privación de Libertad y perfil de la población penitenciaria. Agosto 04, 2018, de Estado de la Nación Sitio web: https://www.estadonacion.or.cr/files/biblioteca_virtual/justicia/EJ-2017-CAP-7.pdf