En materia de Victimología no debemos limitarnos únicamente
a aquellos factores directos que afecten en la victimización, también debemos
prestar atención a aquellos que influyan de forma indirecta en la vida
cotidiana de las personas con el fin de evitar que sufran perjuicios
provenientes de hechos de los cuales en muchos casos no se encuentran consientes.
Es por esto que las autoridades deben prestar especial atención al tema de las
reformas de ley y las nuevas introducciones de delitos en el Código Penal, la gestión
de nuevas leyes y la incapacidad de hacerlas valer en no pocas ocasiones,
evitar que se conviertan en un simple pedazo de papel con tinta.
Hace no mucho tiempo, leí en un documento para el
curso de Género, Niñez, Juventud y Criminalidad, que la mejor medida para
evitar la delincuencia es la educación, y vaya que estoy de acuerdo con esto, una
población educada es un pueblo con un futuro adquisitivo favorable, los
estudios le ayudarán a lograr obtener una estabilidad económica y con ello una
vida digna para él mismo y sus iguales, la educación comienza en los hogares,
pero a temprana edad es la institucionalidad pública la que acapara gran tiempo
de los jóvenes en las aulas de los centros de enseñanza públicos del país.
Sin embargo, recientes estudios demuestran que la
calidad educativa de la institucionalidad publica es deficiente, de los jóvenes
que ingresan a séptimo año de colegio, más de la mitad abandona las aulas y no
llegan a concluir quinto año en el periodo establecido, esto sin siquiera
empezar a evaluar la calidad de la educación primaria, por otro lado docentes
que en no pocas ocasiones incumplen sus deberes o no están capacitados para
impartir los cursos ya que desconocen la materia, y si nos ponemos a analizar
la calidad de las infraestructura educativa en muchos de los centros rurales
del país, nos damos cuenta de quienes son víctimas, los niños y los jóvenes.
Nos encontramos situaciones precarias en pueblos
alejados, altas tasas de deserción estudiantil, y la trasgresión de un derecho
de los jóvenes, una educación gratuita y costeada por el Estado.
Lamentablemente no se cumple la gratuidad de la educación y menos la
obligatoriedad, sin embargo nos encontramos con un sistema educativo mediocre
que no tiene la atención de las clases políticas.
Nos encontramos con una realidad en la que las
cárceles del país están repletas de personas jóvenes, de escasos recursos
procedentes de sectores olvidados y que vienen de familias donde el núcleo
familiar ha sido inestable, personas con niveles de escolaridad bajos, que en
su mayoría no ha terminado ni la escuela, evidentemente existe un problema, en
especial si analizamos que las reformas de ley de la última década solamente
han aumentado la severidad de las penas.
Con respecto a esta realidad, Chacón (2011) expone:
La improvisación a la hora de hacer
reformas legales, la falta de un enfoque sobre la criminalidad que tome en
cuenta las situaciones de riesgo social y el papel provocativo y populista de
algunas figuras políticas, son algunos de los elementos que inciden en las
deficiencias del Estado costarricense a la hora de enfrentar el problema de la
seguridad ciudadana. (…)Mientras tanto, la jueza Rosaura Chinchilla presentó
cuadros de análisis para mostrar una paridad entre el aumento de los casos de
homicidios y crímenes contra la vida, y el aumento de la desigualdad social,
con datos tomados del XV Informe del Estado de la Nación. Así, Chinchilla
denunció que -desde su promulgación en 1973-, al Código Penal se le han hecho
55 reformas, en algunos casos sobre los mismos artículos, en lo que llamó un
“manoseo normativo”. Detalló que para julio del 2010 hacían fila 73 proyectos
de reforma al Código Penal para aumentar las penas, “pero lo pertinente a los
delitos de cuello blanco no ha sido tocado, sólo una o dos veces por cuestiones
semánticas”. Criticó que “las políticas a nivel normativo se venden con un
discurso de mentiras”, pues “hoy en día sustraer una hoja de papel sin
violencia puede ser un hurto castigable con dos a tres años de prisión,
mientras que se oculta el aumento de la desigualdad social”. Los analistas
coincidieron en que ese “manoseo” normativo e iniciativas populistas inciden en
el problema del hacinamiento carcelario. En este sentido, al consultor Guillermo
Arroyo le “asusta” la idea de que se busque resolver todos los problemas con
prisión, ya que “no entendemos que el encarcelamiento es el castigo más
fuerte”. Arroyo calificó como “una realidad de la exclusión”, el hecho de que
la mayoría de presos provienen de sectores pobres. “La gente se preocupa porque
hoy hay 12.000 personas recluidas en el sistema penitenciario, pero vienen
muchos miles más, porque nadie atiende los problemas sociales”, acotó. Por su
parte, Sánchez reprochó que en materia penitenciaria hay una “ausencia de orden
y políticas coherentes” y no descartó que por ello ocurran hechos como el
reciente motín del 11 en La Reforma, que sería “una expresión de las
condiciones de hacinamiento y degradación que responden a la línea que se ha seguido”.
En su opinión, la solución carcelaria incide en un “aumento considerable” de la
prisión preventiva como respuesta del Estado a la presión mediática, la cual
“no sólo influye en diputados sino en la conciencia de los jueces y en un
retroceso en el respeto a las garantías individuales”.
Sin embargo, más de un lustro después, nos
encontramos con que el Segundo Informe del Estado de la Justicia, muestra que
las mejoras respecto al tema no han variado, mientras que si en 2011 se hablaba
de un incremento de la violencia, en el 2018, tenemos una situación irregular,
que ya califica como pandemia según la Organización Mundial de la Salud, pues
sobrepasamos la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes que se puede
considerar “normal”.
Las autoridades legislativas deben hacer un esfuerzo
por abordar el tema de la criminalidad sin vistas populistas, pues es una
urgencia, antes de que la situación llegue a los límites alcanzados en otros
países de la región latinoamericana.
Bibliografía:
Chacón, V. (2011). Política criminal en Costa Rica
es “perversa”. Agosto 06, 2018, de Seminario Universidad Sitio web:
https://semanariouniversidad.com/pais/poltica-criminal-en-costa-rica-es-perversa/
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