Participación de las víctimas en la fase ejecutoria de la sentencia

En la etapa de la ejecución de sentencia se materializa la decisión que toma el tribunal, ya para este punto se conoce la decisión de si se absuelve o se condena lo denunciado por la víctima del delito. Si nos encontramos con el escenario de una sentencia condenatoria, intervienen dos participes, uno administrativo y otro judicial, con respecto al primero, se trata de la Dirección General de Adaptación Social, y respecto al segundo, los Juzgados de Ejecución de la Pena.

Sin embargo, a diferencia de lo que sucede en etapas anteriores del proceso penal, la participación de la víctima en la fase ejecutoria de la sentencia, se limita a lo poco que nos indica el Código Procesal Penal al respecto, que en resumidas conclusiones es un triste recordatorio de lo que sucedía con el Derecho Penal Clásico, la exclusión de la víctima del desarrollo del proceso y su designación como simple observador. Respecto a esto, Arias & Barrantes (2013) narran:

Lo curioso del caso, es que el mismo Código contempla únicamente al querellante, quiere decir que aquella víctima, que ya sea por desinformación o por falta de recursos para contar con un abogado particular y que por lo tanto, no pudo constituirse como querellante durante el proceso, tiene vedado el derecho a intervenir en ésta fase, lo que deviene en un criterio simple y sencillamente discriminatorio. De la misma manera, lo sugiere el autor costarricense Roy Murillo, quien explica: En la fase de ejecución de la pena a la víctima del delito solo se le otorga legitimación cuando se haya constituido en querellante. Parece que se excluyó a la simple víctima…. En la práctica judicial la mayoría de procesos se realizan sin la intervención del querellante, probablemente porque es una figura novedosa y sobre todo por el costo económico que genera al ofendido, el que ya ha sufrido perjuicio y difícilmente asumirá los costos. (pp. 285-286).

La falta de información, pero principalmente la falta de recursos, ocasionan que la víctima vea limitada por no decir negada, su participación en esta etapa del proceso penal, que no por encontrarse al final deja de ser importante. Lo narrado en el párrafo anterior es particularmente inquietante, si observamos que la incapacidad de la víctima para acceder a la fase de ejecución de la sentencia y participar, tiene un importante fundamento socioeconómico, cuando se supone, que el acceso a la justicia y la calidad de la misma debe ser igual para todas las personas de todos los estratos socioeconómicos de la ciudadanía, el acceso a la justicia con igualdad de oportunidades se ve ampliamente limitado por estas consideraciones que hace nuestro Código Procesal Penal.

Es inevitable no mencionar que las autoridades han hecho importantes avances en cuanto a ampliar la cobertura y servicios para con la víctima mientras es parte del proceso penal, sin embargo, llegados a este punto es inevitable no expresar el descontento con respecto al seguimiento para con la víctima una vez llegados al punto de la sentencia, es inaudito que la víctima sea ignorada al concluir el proceso, que no se le brinde seguimiento y no se le notifique sobre cualquier modificación de la sentencia del trasgresor, en especial en aquellos casos en que se trata de delitos tan delicados como los relacionados a la libertad sexual, todos estos avances se ven empañados por causa de no realizar las modificaciones pertinentes a la ley actual, peor aún, la imposibilidad para la víctima en la participación de la fase ejecutoria de la sentencia, salvo en los casos en que se cuente con un defensor privado es cuando reprochable, pues la justicia debe ser para todos los ciudadanos, sin importar su capacidad económica, y con limitaciones como esta, solamente se logra que la percepción de la ciudadanía con respecto al desempeño de la labor judicial, se vea perjudicada y con justa razón.

Bibliografía:

Arias, A., & Barrantes, M. (2013). Tesis dirigida para optar por el grado de Licenciatura en Derecho La participación de la víctima de delitos sexuales durante la fase de ejecución dentro del proceso penal costarricense. San José, Costa Rica: Universidad de Costa Rica.